SOPOTOCIENTAS RAZONES PARA NO APOYAR AL ACTUAL GOBIERNO ESPAÑOL

 

Según analistas políticos y diferentes expertos este ha sido el peor gobierno y por ello se merece todas las mociones de censura posibles.

De hecho, hace mucho que debió aplicársele a Sánchez una cucharada de su propia medicina para hacerle salir y frenar sus tropelías.

A continuación, una simple lista de las principales fechorías que han salido a la luz.

*El gobierno de Pedro Sánchez es el culpable de que el partido comunista (PCE, Yolanda Díaz) y el de ultra-izquierda (UP) pertenezcan al gobierno.

Para agradar a sus socios de gobierno

*No destituir a los ministros que han perjudicado el bienestar social a un alto precio para los españoles por mantener la coalición con la ultra izquierda de Unidas Podemos (UP) e Izquierda Unida (IU). Ejemplo:

*La ministra de Igualdad por crear y defender la Ley Sólo Si es Si que ha beneficiado a más de 700 agresores sexuales y la Ley Trans que fomenta el cambio de sexo a menores de edad entre otros traumas sociales. Gastarse millones en campañas para decirnos a los españoles cómo debemos tener relaciones sexuales, cómo tenemos que hablar y estigmatizar a hombres como potenciales violadores o maltratadores.

*El ministro de consumo que resta estímulo a los productos españoles y subestima la actividad hostelera.

*No cesar a Fernando Grande-Marlaska del Ministerio de Interior a pesar de tantos motivos que ha dado, que incluso ha sido reprobado por el Parlamento.

*Incorporar a Bildu y a Esquerra (ERC) en la Comisión de Secretos Oficiales. 

           

*Indultar a los golpistas que autoproclamaron la independencia de Cataluña el 1ro de octubre 2017.

Intervención en la justicia y leyes progresistas

*Disminución de las penas por delito de malversación de dinero público. Delito que solo aplica a los políticos y allana el camino al separatismo para que lleven a cabo otro referéndum desde el gobierno.

*Abrir expedientes a los médicos y enfermeros de Baleares que no hablan catalán.

*Permitir y evitar que se prohíban los homenajes a etarras.

*Apoyar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imponía sólo 2 asignaturas en castellano.

*Consentir el acoso a la familia de municipio Canet de Valencia que pedía más horas de enseñanza del castellano en las escuelas de Cataluña.

*Eliminación del delito de sedición para sustituirlo por un delito con penas menores como lo es la ley de desórdenes públicos agravados que suaviza la gravedad de alzarse por la fuerza para impedir la aplicación de la ley.

*A través de la Ley Celaá perseguir a la educación concertada, a la educación especial y blindar, por ley, la marginación del castellano en Cataluña. Bajar aún más la calidad de la educación española con una ley que fulmina todo mérito por capacidad y que instaura el aprobado general. 

*Colocar a 2 ex ministros de justicia de su gobierno en los más altos cargos del Poder Judicial: Dolores Delgado y Juan Carlos Campos.

*Crear una mesa de negociación con los separatistas catalanes donde aplican los chantajes a cambio de apoyos en el Congreso.

*Acercar por orden del partido filoterrorista, Bildu, al 100% de los etarras al País Vasco.

*Pactar con el secuestrador Arnaldo Otegui (Bildu) la ley de memoria histórica.

*Entregar a los nacionalistas el control de las cárceles.

Estilo dictatorial

*Señalar a los medios de comunicación que no son afines desde la tribuna del Congreso.

*Uso excesivo de la figura del Real Decreto Ley (RDL) reservado para casos de excepcional urgencia. A diciembre 2022 este gobierno había emitido 132 RDL. Cantidad que contrasta con las leyes que se tramitaron por las vías regulares: 69 leyes ordinarias y 34 leyes orgánicas.

Intervención a instituciones

*Deterioro de la necesaria separación de poderes en una democracia a través de la toma arbitraria del control de varias instituciones muy importantes como:

     *Radio Televisión Española (RTVE). El gobierno no acepta el ascenso de un miembro de reconocida experiencia, que ha sido crítico a la gestión gubernamental. Por ahora mantiene en funciones a la fiel e incondicional Elena Sánchez, que no al parecer no son familia. 

     *Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), poniendo al frente a un militante socialista, multiplicar su presupuesto y manipular las encuestas. Se ha convertido en la secretaría de comunicación del PSOE que proyecta unos sondeos sospechosamente siempre favorables al gobierno.

     *Instituto Nacional de Estadísticas (INE), destituyendo al director porque los datos desmentían su propaganda. Los datos económicos no eran a gusto del gobierno, no ocultaban la realidad acerca de los índices de inflación y el costo de la vida.

     *Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados afines para que avalen sus concesiones al separatismo y al progresismo extremo. El TC tiene mayoría progresista tras un largo forcejeo por las cuotas de poder con PP

     *Intentar controlar el 100% de la justicia hasta que Europa le tuvo que frenar los pies hasta 3 veces.

     *Crear un Tribunal de Cuentas, por cierto, con el beneplácito del PP a medida de los golpistas. Este tribunal tiene una función fiscalizadora de los ingresos y gastos públicos, pues el gobierno complació a los independentistas apartando a Margarita Mariscal de Gante, que se encargaría del juicio contra los 34 ex altos cargos acusados de malversar 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat durante los años 2011 a 2017.

     *Centro Nacional de Inteligencia (CNI), destituyendo a la directora experta en su área, por hacer su trabajo de investigar a los que ponen en peligro la integridad territorial, por exigencias del partido independentista ERC.

     *Agencia de Noticias EFE. Director destituido declaró: “Una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del gobierno”. El Estado tiene alto porcentaje de las acciones de la Agencia EFE a través de la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda.

     *Correos. Pedro Sánchez nombró al que fue su jefe de gabinete en 2018 con la amistad y la afinidad política como único criterio y ahora Correos está al borde de la bancarrota.

    *Sindicatos comprados con jugosas subvenciones. Este gobierno ha asignado cifras récord para mantener apaciguadas las protestas. Un 60% más que durante el gobierno de Rajoy.

    *Indra. Control del consejo de administración a través de la compra irregular entre 3 entidades asociadas de casi 40% de los activos de la tecnológica que es la única adjudicataria para gestionar todos los comicios del país.

Progresismo o Globalismo

    *Ajustarse a la Agenda 2030 que impone abusos como la ingesta encubierta de insectos.

*Votar de madrugada en el hemiciclo para saltarse a los tribunales.

*Cambiar la postura de España respecto al Sáhara sin consultar ni al Consejo de Ministros, ocasionando un enorme daño a nuestro país y ocultar lo que Sánchez ha conseguido a cambio.

             *Pagar más caro el gas traído desde EE. UU. y perder el negocio de redistribución del gas de Argelia para el resto de Europa.

*Insultar, señalar y aumentar impuestos a las empresas como Inditec de Amancio Ortega o Mercadona de Juan Roig o a cualquier persona que genere empleo en este país.  

*Rescatar a la aerolínea controlada por chavistas, PlusUltra, con 53 Millones de euros de dinero público destinados a favorecer empresas estratégicas afectadas por la pandemia. A pesar de que esa compañía aérea solo tenía 4 aviones, una única ruta, no llegaba al 0,1% de cuota de mercado y llevaba años con pérdidas.

*Permitir que su ministro de transporte y ex secretario de organización del PSOE se reuniera a escondidas en el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela que tiene prohibición de acceso al territorio Schengen con unas valijas sospechosas.

*Consentir que en medio de un consejo de ministros partidarios del partido de coalición boicotee la Cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania.

*Poner la fiscalía a los 5 minutos a investigar unos cánticos en un colegio mayor pero no actuar durante meses mientras los violadores salen de las cárceles a través de la Ley sólo si es sí.

*Atacar al rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia y el estado de derecho en España

*Clamar contra la prostitución, pero callar y proteger a sus diputados del PSOE cuando van a los prostíbulos con el dinero de sobornos aportado por todos los españoles.

*Gastarse 250 millones de euros en un tren que no cabe por los túneles y ocultar esta chapuza durante un año.

*Blindar por ley el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar agresiones a jóvenes como los de S´ha Acabat en Cataluña.

*Quitar e imponer restricciones sanitarias en función de sus intereses electorales.

*Declarar estado de alarma específico para una comunidad autónoma donde gobiernan partidos opositores para torpedearlos.

*Destitución del director de la cárcel de Algeciras por defender a los funcionarios de prisiones. El Ministerio del interior (F. Grande-Marlaska), aplicando la política del “buenísmo” ha quitado autoridad a su personal y los ha dejado expuestos a agresiones por parte de los presos más conflictivos. El director había respaldado públicamente a sus empleados, que están siendo intimidados por grupos de narcotraficantes locales.

Economía y Empleo

*Falta de estímulo y maltrato a los autónomos. La prestación por cese de actividad tiene muchos requisitos y casi siempre son denegadas. En caso de incapacidad temporal, deben seguir pagando la cuota de Autónomos con lo cual les queda máximo 300€ al mes.

*Enmascarar las cifras de parados con empleos “Fijos discontinuos”. La mayoría de los contratos indefinidos son a tiempo parcial, pero al no superar el periodo de prueba se convierten de hecho en temporales.

*Despilfarro de dinero público para mantener coalición y gastos en lujos. Como el uso excesivo del avión presidencial, sesiones especiales de maquillaje y cuidado del cutis, docuserie del culto a la personalidad de Pedro Sánchez.

*Hacer una subida generalizada de impuestos.

*Paliativos insuficientes para afrontar la inflación con instrumentos “compra-votos”. Como los bonos cesta de la compra, ingreso minino vital, bono cultural joven a los que cumplen 18 años en 2023, ayuda única de 200€ para alquiler joven, cheque único de 200€ de ayuda familiar.

*La inflación no ha sido tan alta este mes, pero ha llegado a rozar el 10%.

 

Todos estos indeseables resultados a través de un gobierno que nos cuesta 6.000 millones de euros de deuda cada mes, que bate récord de gastos con la mayor burocracia de la historia de España. Comparable solamente con el 3er gobierno de Adolfo Suarez que tuvo 24 ministros y 2 vicepresidentes. El actual tuvo 4 vicepresidentes hasta 2021 y 23 ministros.  Una legislatura con el número de altos cargos y asesores que alcanza cifras inimaginables en el país.
 
De este modo el estado del bienestar se ha resentido y será aún más cuando haya que afrontar el aumento significativo de la deuda externa bruta. Aunque ha ido bajando poco a poco, se ubica en 175,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, el país debe el 175,7% poco menos del doble de lo que produce. 

Mientras los ciudadanos, que tienen comprometidas sus energías en el día a día, ven agotada su capacidad de reacción ante una avalancha de barbaridades.
¡Ojalá! el resultado de las elecciones generales sea limpio y lleve a la puerta de salida a esta administración.

@ILONKADAS
28/03/2023

¿El gobierno de Sánchez está cocinando un Pucherazo?

 

¿Qué queremos comprobar en base a los hechos?

La posibilidad de que el ejecutivo español esté preparando un pucherazo.

¿Qué podemos concluir con la información recopilada?

Que de acuerdo con el talante de esta administración y observando las acciones que se han venido ejecutando esa posibilidad es factible.

Ciertamente, INDRA no realiza el escrutinio definitivo, PERO electrónicamente puede:

*Manipular el software que realiza la transmisión de las actas de las mesas electorales a las Juntas Electorales.

*Hacer una caída intencional del sistema de cómputo en red para manipular los datos de las actas emitidas electrónicamente.

*Hacer los cálculos de los escaños que corresponden a cada partido de forma amañada o con datos previamente manipulados.

Por otra parte, el gobierno de Sánchez se está esforzando, incluso de manera arbitraria, por alimentar la complicidad con los directivos de INDRA que podrían ocultar las evidencias de fraude electoral ¿Por qué tanto interés?

Además, las juntas electorales de cada Ayuntamiento no están obligadas a asumir la exigente labor de chequear las papeletas físicas con los datos registrados a través del software de INDRA.

¿Qué genera la sospecha de Pucherazo?

De hecho, este gobierno ha intervenido irregularmente a las principales instituciones del Estado e incluso privadas como INDRA.

Ha destituido directores y/o modificado las normas de funcionamiento en: Radio Televisión Española (RTVE), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Togada del TSJ (FT del TSJ), Tribunal de Cuentas, Agencia EFE, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Correos y otras.

¿Por qué se dice que el gobierno de Sánchez ha asaltado las institucionesdel Estado?

Por consiguiente, no es de extrañar que la crisis de gobernabilidad que Sánchez inició a mediados del año pasado en INDRA tenga alguna intención subyacente. Tomando en cuenta que es la empresa preadjudicada para gestionar todas las elecciones de este año 2023.

No sería la primera vez que Pedro Sánchez intenta un pucherazo. Lo hizo, a menor escala, para la elección de la Secretaría General de su partido PSOE, el 01 de octubre 2016. Cuando fue derrotado al ser descubierto, por el Comité Federal en pleno, con una urna escondida tras una mampara. Esta vez estaría mucho mejor preparado. Tiene a sus cómplices en instituciones estratégicas, bien alimentados con dinero público y muy coordinados.

¿En qué consiste el llamadoasalto a INDRA?

¿De qué forma el gobierno ha demostrado interés por aumentar su poder de decisión en la empresa?

A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es una entidad pública empresarial del Estado tiene la mayoría accionaria de INDRA. Como el Sanchismo se ocupa activamente de disolver la separación de poderes, se dice que el gobierno tiene influencia en INDRA.

Por cierto, SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, se encargada de la administración de empresas y sociedades públicas o semipúblicas. Gestiona la participación del Estado en empresas como la Agencia de noticias EFE.

Sánchez, a través de SEPI, realizó grandes cambios a su favor en la directiva de INDRA ocasionando una crisis en el consejo de administración de la empresa. Promovió el aumento de la participación accionarial del Grupo PRISA en INDRA para beneficiar a ambas partes y para que los medios de PRISA (ElPaís, Cadena Ser y otros) sigan apoyando mediáticamente la gestión del gobierno, ¿INDRA qué dará a cambio?

¿De dónde surgen las sospechas? 

Ingredientes del posible Pucherazo

Tres instituciones son clave para manipular las elecciones: CIS, Correos e INDRA. Si a esto se le suma el deseo de cohabitación del principal partido de “oposición” (PP) y el sesgo de las instituciones de justicia, el resultado sería previsible.

Analizando los ingredientes del posible puchero

El CIS elabora encuestas electorales que presentadas por medios de comunicación persuasivos pueden ejercer una labor de marketing muy poderosa. Sus resultados pueden influir en la mentalidad del ciudadano que apuesta a ganador. Esto se podría traducir en que una gran parte desinformada de la población se sentiría triunfador si vota al que va a ganar. También, puede desanimar de votar a la parte de la población que se opone, pero con poca fuerza, al partido supuestamente mejor rankeado. Muchos podrían preguntarse: ¿Para qué voy a votar en contra sí está visto que va a ganar? ¡Mi voto no va a hacer la diferencia! Con esos estados de ánimo los medios controlan las mentes.

Quien controla los medios de comunicación controla las mentes

*En Correos Pedro Sánchez nombró al que fue su jefe de gabinete en 2018 con la amistad y la afinidad política como único criterio. Lo hizo a sabiendas de que no reunía las mínimas condiciones de experiencia, solvencia y conocimiento del sector. Ahora Correos está al borde de la bancarrota.

¿Qué es INDRA Sistemas S.A.?

Es una multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, tecnología, ciberseguridad y servicios financieros.

Ha decir verdad, ha prestado servicios a muchos paises con resultados de todas las tendencias políticas con niveles razonables de confiabilidad y en España ha participado en la mayoría de los comicios, pero las condiciones actuales son especiales.

¿Qué le aportaría INDRA a un posible Pucherazo?

El control sobre INDRA facilitaría un posible pucherazo en las elecciones porque proveería ciberseguridad, transmisión de los datos de las mesas electorales y la gestión de la plataforma tecnológica que se utiliza en el recuento de votos.

Por ende, juega un rol muy significativo en manos de quienes están interesado en ganar las elecciones.

Mucho se ha dicho entre los medios afines al gobierno de coalición que “INDRA no participa en el recuento de votos en unas elecciones, sino en la transmisión y gestión de los datos”, que el conteo se hace en las mesas electorales.

Así mismo, los que aseguran que la participación de INDRA no es decisiva argumentan que con los datos que el software de la empresa recibe de las mesas electorales se realiza un preconteo. Conteo preliminar de votos que se adelanta el mismo día de las elecciones, pero que no tiene carácter vinculante.

Pero con eso bastaría si no se hacen los chequeos y seguimientos necesarios desde que se hace el conteo al cierre de las mesas electorales. Los sistemas informáticos son programados por personas que reciben instrucciones de sus jefes. La digitalización y los cálculos electrónicos No garantizan honestidad y limpieza del proceso.

Dicho de otro modo, el software de INDRA no consolida los escrutinios, Pero ese software si hace los cómputos con datos que pueden estar viciados.

Aunque el sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, se requieren personas honestas observando el sistema y haciendo seguimiento a esas evidencias, es decir auditores que trabajen con objetividad.

La falta de revisión en cada etapa del proceso puede hacer que ese preconteo sea decisivo.

Ahora bien, suponiendo que no hubiese tratamiento electrónico de los datos ni de los cómputos por parte de INDRA

Genera sospechas, por ejemplo, que ahora los okupas pueden empadronarse mostrando el ticket de cualquier producto que reciben en la vivienda que ocupan ilegalmente. También es escabroso que se puedan inflar los censos por la reciente venta de empadronamientos a extranjeros indocumentados.

¿Quién nos garantiza que se hace la auditoria de la cantidad exacta de participantes? O que ¿El padrón electoral puede estar viciado con datos de personas fallecidas o inexistentes? 

Ruta del voto

(Extraído, con cambios de redacción, de este enlace https://maldita.es/malditobulo/20220701/indra-empresa-recuenta-votos-elecciones/)

Cuando los colegios electorales cierran a las 8 de la noche, se registran en el sistema de INDRA los votos recibidos por correo (según el art. 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG). Los miembros de mesa y los interventores empiezan el escrutinio de las papeletas depositadas por los votantes en las urnas.

El presidente de la mesa electoral, conforme al artículo 95 de la LOREG, realiza el recuento de votos extrayendo uno a uno las sobres de la urna y leyendo en voz alta la candidatura votada (o, en caso de las elecciones al Senado, la de los candidatos elegidos). Después muestra la papeleta a los vocales, interventores y apoderados de los diferentes partidos políticos y la apunta. Al final del recuento —realizado, por los miembros de la mesa electoral y no por INDRA (o cualquier otra empresa), POR SUPUESTO,— se comprueba que el número de sobres se corresponde con el de votantes en las listas de la mesa electoral (art. 97).

Claro que no por INDRA, pero al registrar ese conteo puede que ya se hayan ido la mayoría de los miembros de mesa.

No todo el que asiste (obligado) en las mesas está dispuesto a vigilar hasta el final y la ley no le obliga.

El conteo al que se refieren los medios afines al Sanchismo progresista es sólo en las mesas electorales. El tema es qué sale de allí digitalizado, qué llega a la Junta Electoral de cada municipio y luego qué llega a la Junta Electoral Central.

No es poco importante la parte que corresponde a un INDRA con mayoría Sanchista: Transmitir los datos y gestionar la plataforma tecnológica que se utiliza en dicho proceso. Tiene un protagonismo lo suficientemente importante que preocupa a un sector de los políticos por si llegase a ser utilizado por Sánchez para cambiar el rumbo de las elecciones generales.

El preconteo que arroja el software puede alterarse muy fácilmente porque se puede manipular el código fuente de la aplicación sin dejar rastro.

Durante 3 días después de los comicios se escrutan los votos para consolidar los resultados

Esta labor es manual y la realizan en los Ayuntamientos para cotejar el conteo que registró el software con las papeletas físicas que se depositaron en las urnas de las mesas electorales de acuerdo con las respectivas actas. Si los partidos políticos en cada Junta Electoral no presionan por hacer correctamente este chequeo, si son cómplices, el resultado no es fiel a la voluntad del electorado. Esta falta de compromiso no es regulada por la ley y puede ser por desconocimiento, por flojera, por confianza ciega en todo lo que está automatizado. Si los miembros de mesa se confían de que el preconteo por ser digitalizado es seguro y confiable, no hacen el chequeo, por la razón que sea, el preconteo que haya hecho INDRA SI SERÍA DECISIVO.  

Al no hacer este chequeo, que es largo y tedioso, la última palabra la tendría INDRA en cuyo caso SI que es determinante su rol.

Por otra parte, lo transmitido podría ser modificado por el software manipulado al aplicar la Ley D´Hont para indicar la cantidad de escaños (asientos de los parlamentarios en el Congreso o en el Senado) por partido según la provincia de donde provenga el voto. El método D´Hont hace los cálculos para repartir los escaños según los votos obtenidos, por cierto, muy cuestionado con justa razón porque beneficia a los partidos grandes o con muchos recursos que tienen muy bien repartida su militancia en todo el país.

En conclusión

Se puede decir que no hay sistema electoral 100% fiable. Siempre dependerá de la honestidad de todos los involucrados en el proceso y de la conciencia ciudadana.

Es evidente que a todos nos afecta el resultado de las elecciones y por lo tanto no se puede dejar en pocas manos.

Lamentablemente si hay indicios para sospechar de un afán por parte del poder ejecutivo de abarcar las funciones del poder legislativo y judicial. Razón por la cual debemos estar mucho más atentos a cuidar y ejercer nuestros derechos.

El ciudadano tiene que asumir un rol más activo en las etapas del proceso electoral

Por ejemplo, al que le corresponda ser miembro de mesa, estar allí hasta el final para vigilar que todo se haga según la ley.

Así mismo, cualquier ciudadano tiene el derecho de asistir al conteo de votos en las mesas electorales y deberíamos poder consultar las actas que emanan de las mesas electorales.

Además, una persona cualquiera puede estar presente como testigo al escrutinio de votos donde se cotejan los datos recibidos por el software de INDRA versus las actas transmitidas telemáticamente.

Hacer lo que esté a nuestro alcance.

@ILONKADAS

13/03/2023

 

Renovación del Tribunal Constitucional el 11 de enero 2023

 

El Tribunal Constitucional (TC) inició el 2023 con 4 juristas en funciones desde el 12 de junio 2022 y 3 juristas en la misma situación desde 2017. Mientras que el Concejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva poco más de 4 años en funciones.

¿Se acabó el bloqueo judicial que denunciaba Pedro Sánchez contra el PP?
Está parcialmente resuelto, se renovó el TC, pero aún falta la renovación del CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde el 04 de diciembre de 2018. Según analistas políticos es poco probable su regularización durante un año electoral como el actual.
¿Por qué se dice que hay bloqueo judicial en España?
Porque en la práctica la separación de poderes es una utopía. Es notorio que el Poder Judicial depende de los políticos que marcan su tendencia de acuerdo con el número de escaños que cada partido tenga en el Congreso y en el Senado.
Ese es el núcleo de las deficiencias de la democracia española, que la justicia, el 3er poder del Estado, está politizado. Esto inició con el cambio legislativo durante el Gobierno de Felipe González (PSOE): Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

El pasado 11 de enero se renovaron los cargos del Tribunal Constitucional que estaban en funciones
Para ubicar el contexto es necesario tener en mente qué funciones tiene el TC, cada cuánto tiempo debe renovarse y cómo se eligen los juristas que lo componen.
Principal función del Tribunal Constitucional
El TC es conocido como tribunal de garantías precisamente porque se encarga de garantizar la correcta interpretación de la Constitución. Vigila la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional y asegura que los órganos judiciales de todo el país apliquen los mismos criterios interpretativos de estas.
En teoría es independiente de los demás órganos constitucionales del Estado, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, está sometido sólo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Cada cuánto tiempo debe renovarse
La Constitución dispone que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9 años y se renovarán por tercios, es decir, 4 juristas cada 3 años.
¿Cómo se eligen actualmente los miembros del TC?
El Tribunal Constitucional (TC) se compone de 12 miembros, avalados por el Rey, según el siguiente criterio:  
4 juristas a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5 de sus miembros, [350 * (3/5)] = 210 votos.
4 juristas a propuesta del Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de 3/5 de sus miembros, [265 * (3/5)] = 159 votos.
2 juristas a propuesta del Gobierno.
2 juristas a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por mayoría de 3/5 partes de sus miembros, [20 * (3/5)] = 12 votos.
¿Por qué se dice que es PP el partido que ha bloqueado la renovación de los órganos judiciales?
Como en las elecciones generales del 2011 el PP obtuvo mayoría absoluta y luego en 2016 resultó la lista más votada, el PP mantuvo, hasta este año, mayoría de cargos judiciales. Por lo tanto, la renovación de acuerdo con la actual correlación de fuerzas en el Congreso implica una gran pérdida de cuotas de poder en el ámbito legal para el PP (también llamados conservadores).
Por eso el sector conservador alega que se debe adjudicar a las asociaciones judiciales el poder de elegir a sus representantes entre los más aptos con trayectoria reconocida. Ha propuesto que se cambie el sistema de elección de los vocales de CGPJ para que sean los jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes.

Es decir, a la fecha en que se inició esta legislatura, hubo 2 renovaciones de 4 juristas bajo fuerte influencia del PP, además este partido continuó haciendo nombramientos en otros tribunales. Para evitar esto el Gobierno de coalición restringió competencias al CGPJ.

¿Cómo?

De una manera autoritaria.

El 29 de marzo 2021 se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impuesta por el Gobierno para prohibir al CGPJ nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Esta reforma se hizo por vía urgente, a través de un procedimiento de lectura única. 

La reforma incluso pretendía cambiar el método de votación de los candidatos actual a que fuese por mayoría simple. De ese modo con la mayoría que tienen en el Congreso y en el Senado ya les bastaría con los votos de los partidos que pertenecen a la coalición. Este evidente ventajismo fue rechazado por el TC, el CGPJ y la Unión Europea.

Pero… el Ejecutivo cayó en cuenta que los 2 miembros propuestos por el Gobierno y los 2 propuestos por el CGPJ necesarios para renovar el TC debían nombrarse en forma conjunta por lo que se vio obligado a autoenmendarse por intervención de la UE.

Entonces, el pasado 13 julio de 2022, sin la participación de UP (Unidas Podemos), el PSOE presentó una proposición de ley urgente (nuevamente) que permite que el ejecutivo y el CGPJ, aunque estuviese en funciones, pudiera nombrar conjuntamente a los 4 juristas que dependen de ambos.

Es decir, el CGPJ, aun en funciones, puede hacer los nombramientos. A partir de marzo 2021 se vio impedida y luego a partir del 13 de julio estuvo nuevamente habilitada para nombramientos sólo al TC. Además, la enmienda impuso al órgano de gobierno de los jueces que pactasen antes del 13 de septiembre 2022 -3 meses después del final de la designación, que se cumplió el 12 de junio 2022- el nombramiento de los 2 magistrados que les corresponde. 

Ese plazo tampoco se cumplió. No fue sino hasta el 11 de enero de este año cuando se designaron los cargos, esta vez de mayoría progresista (PSOE-UP).

Como protesta por los manejos del Gobierno se hizo difícil alcanzar los 12 votos que se precisaban para hacer cada uno de esos nombramientos de magistrados del TC. Y si no hay consenso, no hay renovación.

Renovación del Tribunal Constitucional el 11 de enero 2023

El pasado 29 de diciembre el pleno del TC certificó la idoneidad para el cargo del exministro de justicia Juan Carlos Campo, la catedrática Laura Díez (ambos propuestos por el Gobierno) y los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano (designados por el CGPJ).

El visto bueno se concretó una vez verificada por unanimidad el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento: ser juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia profesional.

¿A qué se debe esta repentina “concordia” entre PP y PSOE para obtener un TC con mayoría progresista?

Todo parece indicar que la entrada en vigor de la reforma de la ley de malversación el 22 de diciembre 2022 obró el milagro, al menos para renovar el tribunal de garantías.

11 de enero 2023 se juramentaron ante el Rey Felipe VI los nuevos cargos del TC

Con los cargos renovados la correlación de fuerzas es de mayoría progresista. A partir de marzo, se reducirá por la sustitución del conservador Alfredo Montoya que renunció el pasado julio por razones de salud y le correspondía renovar el cargo el 12 de junio 2022.

La proporción será: progresistas 7, conservadores 5.

Estos son los 4 nuevos magistrados para sustituir los cargos en funciones desde el 12 de junio 2022.

Veremos algunos rasgos de la trayectoria profesional de cada uno.

Juan Carlos Campo

Elegido a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, de 2001 a 2008 fue vocal del CGPJ. En enero de 2020 fue nombrado ministro de justicia en sustitución de Dolores Delgado. Avaló los indultos del “procés”, en junio 2021.

Fue magistrado en el Tribunal de la Audiencia Nacional en la Sala de lo Penal aun estando al frente del ministerio de justicia.

Este nombramiento no es ético ya que Campo examinaría leyes de las cuales fue partícipe como ministro de justicia.

Laura Díez

También elección del Ejecutivo, catedrática. Desde mayo 2022 es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, tras ser elegida a propuesta del Parlamento.

Entre 2018 y 2020 fue directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia. Entre 2020 y 2022, fue directora general de Asuntos Constitucionales de la Moncloa lo que le resta objetividad.

Actualmente aboga por eliminar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña.

César Tolosa (conservador)

Fue electo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del sector conservador. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2014 y presidente de esa Sala Tercera desde 2020.

Es miembro de la Sala de Gobierno del Supremo desde diciembre de 2019. Como presidente de la Sala de lo Contencioso lidió con los recursos interpuestos contra las medidas restrictivas de derechos fundamentales (confinamiento, prohibición de la libre circulación, toque de queda o restricciones al derecho de reunión y manifestación) durante la pandemia de la Covid-19.

María Luisa Segoviano

También propuesta por el CGPJ. En septiembre de 2020 y hasta octubre 2022 presidió la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Segoviano, de firmes convicciones feministas y experta en Derecho del Trabajo también ha participado en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial y ha sido vocal de la Junta Electoral Central.

Estos son los 3 magistrados cuyos cargos estaban en funciones desde 2017.

Cándido Conde Pumpido era magistrado del TC en funciones desde 2020, desde el 11 de enero 2023 ejerce la presidencia del tribunal de garantías. Es muy próximo al presidente Pedro Sánchez y fue fiscal general durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero. Recibió 6 votos.

María Luisa Balaguer, magistrada progresista, consiguió 5 votos, el suyo propio y el de los 4 conservadores (PP).

Ricardo Enríquez, magistrado conservador, hasta marzo 2014 del Tribunal Supremo, designado por el Senado en 2014 al TC y reelegido por el mismo organismo el 14 de marzo 2017. Su cargo venció en 2020. Fue transitoriamente presidente interino del TC.

Otros nombramientos menos recientes

Por otra parte, la también progresista Inmaculada Montalbán, magistrada del TC desde 2021, fue nombrada vicepresidente de ese órgano judicial.

El pasado 17 de noviembre 2021 se confirmaron los cargos de 2 propuestas del PP al TC que generaron gran polémica en el Congreso.

El caso de Enrique Arnaldo generó rechazo porque su despacho ha defendido a políticos del PP como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que cumplió solo 6 meses de cárcel por el caso Lezo tras depositar una fianza de 400.000 euros, en lugar de cumplir entre 6 y 18 años de prisión.

Además, Arnaldo fue investigado en el caso Palma Arena como sospechoso de ayudar al por entonces presidente de Baleares Jaume Matas a blanquear dinero simulando su contratación en el despacho del magistrado. Por negarse a votar a favor de este nombramiento la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue sancionada.

El otro nombramiento polémico fue el de Concepción Espejel por ser considerada una magistrada extremadamente conservadora, con vinculación evidente al PP pues fue el mismo que la nombró vocal del CGPJ en 2008.

@ILONKADAS

14/02/2023