lunes, 27 de febrero de 2023

Renovación del Tribunal Constitucional el 11 de enero 2023

 

El Tribunal Constitucional (TC) inició el 2023 con 4 juristas en funciones desde el 12 de junio 2022 y 3 juristas en la misma situación desde 2017. Mientras que el Concejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva poco más de 4 años en funciones.

¿Se acabó el bloqueo judicial que denunciaba Pedro Sánchez contra el PP?
Está parcialmente resuelto, se renovó el TC, pero aún falta la renovación del CGPJ
, órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde el 04 de diciembre de 2018. Según analistas políticos es poco probable su regularización durante un año electoral como el actual.
¿Por qué se dice que hay bloqueo judicial en España?
Porque en la práctica la separación de poderes es una utopía. Es notorio que el Poder Judicial depende de los políticos que marcan su tendencia de acuerdo con el número de escaños que cada partido tenga en el Congreso y en el Senado.
Ese es el núcleo de las deficiencias de la democracia española, que la justicia, el 3er poder del Estado, está politizado. Esto inició con el cambio legislativo durante el Gobierno de Felipe González (PSOE): Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

El pasado 11 de enero se renovaron los cargos del Tribunal Constitucional que estaban en funciones
Para ubicar el contexto es necesario tener en mente qué funciones tiene el TC, cada cuánto tiempo debe renovarse y cómo se eligen los juristas que lo componen.
Principal función del Tribunal Constitucional
El TC es conocido como tribunal de garantías precisamente porque se encarga de garantizar la correcta interpretación de la Constitución. Vigila la aplicación uniforme de las leyes en todo el territorio nacional y asegura que los órganos judiciales de todo el país apliquen los mismos criterios interpretativos de estas.
En teoría es independiente de los demás órganos constitucionales del Estado, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, está sometido sólo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Cada cuánto tiempo debe renovarse
La Constitución dispone que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 9 años y se renovarán por tercios, es decir, 4 juristas cada 3 años.
¿Cómo se eligen actualmente los miembros del TC?
El Tribunal Constitucional (TC) se compone de 12 miembros, avalados por el Rey, según el siguiente criterio:  
4 juristas a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5 de sus miembros, [350 * (3/5)] = 210 votos.
4 juristas a propuesta del Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de 3/5 de sus miembros, [265 * (3/5)] = 159 votos.
2 juristas a propuesta del Gobierno.
2 juristas a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por mayoría de 3/5 partes de sus miembros, [20 * (3/5)] = 12 votos.
¿Por qué se dice que es PP el partido que ha bloqueado la renovación de los órganos judiciales?
Como en las elecciones generales del 2011 el PP obtuvo mayoría absoluta y luego en 2016 resultó la lista más votada, el PP mantuvo, hasta este año, mayoría de cargos judiciales. Por lo tanto, la renovación de acuerdo con la actual correlación de fuerzas en el Congreso implica una gran pérdida de cuotas de poder en el ámbito legal para el PP (también llamados conservadores).
Por eso el sector conservador alega que se debe adjudicar a las asociaciones judiciales el poder de elegir a sus representantes entre los más aptos con trayectoria reconocida.
Ha propuesto que se cambie el sistema de elección de los vocales de CGPJ para que sean los jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes.

Es decir, a la fecha en que se inició esta legislatura, hubo 2 renovaciones de 4 juristas bajo fuerte influencia del PP, además este partido continuó haciendo nombramientos en otros tribunales. Para evitar esto el Gobierno de coalición restringió competencias al CGPJ.

¿Cómo?

De una manera autoritaria.

El 29 de marzo 2021 se aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impuesta por el Gobierno para prohibir al CGPJ nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Esta reforma se hizo por vía urgente, a través de un procedimiento de lectura única. 

La reforma incluso pretendía cambiar el método de votación de los candidatos actual a que fuese por mayoría simple. De ese modo con la mayoría que tienen en el Congreso y en el Senado ya les bastaría con los votos de los partidos que pertenecen a la coalición. Este evidente ventajismo fue rechazado por el TC, el CGPJ y la Unión Europea.

Pero… el Ejecutivo cayó en cuenta que los 2 miembros propuestos por el Gobierno y los 2 propuestos por el CGPJ necesarios para renovar el TC debían nombrarse en forma conjunta por lo que se vio obligado a autoenmendarse por intervención de la UE.

Entonces, el pasado 13 julio de 2022, sin la participación de UP (Unidas Podemos), el PSOE presentó una proposición de ley urgente (nuevamente) que permite que el ejecutivo y el CGPJ, aunque estuviese en funciones, pudiera nombrar conjuntamente a los 4 juristas que dependen de ambos.

Es decir, el CGPJ, aun en funciones, puede hacer los nombramientos. A partir de marzo 2021 se vio impedida y luego a partir del 13 de julio estuvo nuevamente habilitada para nombramientos sólo al TC. Además, la enmienda impuso al órgano de gobierno de los jueces que pactasen antes del 13 de septiembre 2022 -3 meses después del final de la designación, que se cumplió el 12 de junio 2022- el nombramiento de los 2 magistrados que les corresponde. 

Ese plazo tampoco se cumplió. No fue sino hasta el 11 de enero de este año cuando se designaron los cargos, esta vez de mayoría progresista (PSOE-UP).

Como protesta por los manejos del Gobierno se hizo difícil alcanzar los 12 votos que se precisaban para hacer cada uno de esos nombramientos de magistrados del TC. Y si no hay consenso, no hay renovación.

Renovación del Tribunal Constitucional el 11 de enero 2023

El pasado 29 de diciembre el pleno del TC certificó la idoneidad para el cargo del exministro de justicia Juan Carlos Campo, la catedrática Laura Díez (ambos propuestos por el Gobierno) y los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano (designados por el CGPJ).

El visto bueno se concretó una vez verificada por unanimidad el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento: ser juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia profesional.

¿A qué se debe esta repentina “concordia” entre PP y PSOE para obtener un TC con mayoría progresista?

Todo parece indicar que la entrada en vigor de la reforma de la ley de malversación el 22 de diciembre 2022 obró el milagro, al menos para renovar el tribunal de garantías.

11 de enero 2023 se juramentaron ante el Rey Felipe VI los nuevos cargos del TC

Con los cargos renovados la correlación de fuerzas es de mayoría progresista. A partir de marzo, se reducirá por la sustitución del conservador Alfredo Montoya que renunció el pasado julio por razones de salud y le correspondía renovar el cargo el 12 de junio 2022.

La proporción será: progresistas 7, conservadores 5.

Estos son los 4 nuevos magistrados para sustituir los cargos en funciones desde el 12 de junio 2022.

Veremos algunos rasgos de la trayectoria profesional de cada uno.

Juan Carlos Campo

Elegido a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, de 2001 a 2008 fue vocal del CGPJ. En enero de 2020 fue nombrado ministro de justicia en sustitución de Dolores Delgado. Avaló los indultos del “procés”, en junio 2021.

Fue magistrado en el Tribunal de la Audiencia Nacional en la Sala de lo Penal aun estando al frente del ministerio de justicia.

Este nombramiento no es ético ya que Campo examinaría leyes de las cuales fue partícipe como ministro de justicia.

Laura Díez

También elección del Ejecutivo, catedrática. Desde mayo 2022 es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, tras ser elegida a propuesta del Parlamento.

Entre 2018 y 2020 fue directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia. Entre 2020 y 2022, fue directora general de Asuntos Constitucionales de la Moncloa lo que le resta objetividad.

Actualmente aboga por eliminar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña.

César Tolosa (conservador)

Fue electo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del sector conservador. Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde 2014 y presidente de esa Sala Tercera desde 2020.

Es miembro de la Sala de Gobierno del Supremo desde diciembre de 2019. Como presidente de la Sala de lo Contencioso lidió con los recursos interpuestos contra las medidas restrictivas de derechos fundamentales (confinamiento, prohibición de la libre circulación, toque de queda o restricciones al derecho de reunión y manifestación) durante la pandemia de la Covid-19.

María Luisa Segoviano

También propuesta por el CGPJ. En septiembre de 2020 y hasta octubre 2022 presidió la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Segoviano, de firmes convicciones feministas y experta en Derecho del Trabajo también ha participado en actividades formativas del Consejo General del Poder Judicial y ha sido vocal de la Junta Electoral Central.

Estos son los 3 magistrados cuyos cargos estaban en funciones desde 2017.

Cándido Conde Pumpido era magistrado del TC en funciones desde 2020, desde el 11 de enero 2023 ejerce la presidencia del tribunal de garantías. Es muy próximo al presidente Pedro Sánchez y fue fiscal general durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero. Recibió 6 votos.

María Luisa Balaguer, magistrada progresista, consiguió 5 votos, el suyo propio y el de los 4 conservadores (PP).

Ricardo Enríquez, magistrado conservador, hasta marzo 2014 del Tribunal Supremo, designado por el Senado en 2014 al TC y reelegido por el mismo organismo el 14 de marzo 2017. Su cargo venció en 2020. Fue transitoriamente presidente interino del TC.

Otros nombramientos menos recientes

Por otra parte, la también progresista Inmaculada Montalbán, magistrada del TC desde 2021, fue nombrada vicepresidente de ese órgano judicial.

El pasado 17 de noviembre 2021 se confirmaron los cargos de 2 propuestas del PP al TC que generaron gran polémica en el Congreso.

El caso de Enrique Arnaldo generó rechazo porque su despacho ha defendido a políticos del PP como Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, que cumplió solo 6 meses de cárcel por el caso Lezo tras depositar una fianza de 400.000 euros, en lugar de cumplir entre 6 y 18 años de prisión.

Además, Arnaldo fue investigado en el caso Palma Arena como sospechoso de ayudar al por entonces presidente de Baleares Jaume Matas a blanquear dinero simulando su contratación en el despacho del magistrado. Por negarse a votar a favor de este nombramiento la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, fue sancionada.

El otro nombramiento polémico fue el de Concepción Espejel por ser considerada una magistrada extremadamente conservadora, con vinculación evidente al PP pues fue el mismo que la nombró vocal del CGPJ en 2008.


@ILONKADAS

14/02/2023

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