Al desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario
Muchos jóvenes que se quieren
emancipar, en España, se han organizado en asociaciones que claman por
viviendas dignas con precios accesibles. En ese sentido tienen toda la razón
de mostrar su enfado. Cualquiera puede entender y empatizar con ese deseo
tan genuino. No poder alcanzar esa meta genera frustración e impotencia.
Pero están descargando su rabia
contra quienes pueden proveer ese servicio con argumentos muy poco razonados en
lugar de exigir al gobierno que construya viviendas de interés social.
Pero, en realidad, hay que
percatarse de que la ineficiencia del gobierno es el verdadero causante.
Al
desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al
arrendatario.
La intención de este escrito es
destacar argumentos como los expuestos a través de estos enlaces y responderlos
con un enfoque equilibrado.
En varios
medios muchos jóvenes manifiestan la frustración de no encontrar vivienda
«El gobierno es responsable y el casero es culpable»
¿Los caseros son culpables?
Decir esto es desconocer el
contexto en que se vive.
El propietario también sufre la
inflación, los bajos salarios, los impuestos que se llevan el 50% de los
ingresos familiares.
La situación económica es
deficiente para todos. Además, en España tenemos una de las mayores tasas de
paro juvenil de la comunidad europea.
*El
gobierno es responsable porque la vivienda es un derecho contemplado en el
artículo 47 de la Constitución española y los poderes públicos deben
garantizarla.
Exacto, entonces exijan más vivienda pública. Sin embargo, son
muy pocas las pancartas y consignas orientadas en ese sentido.
*Los
caseros son especuladores porque pretenden ganar dinero haciendo de la vivienda
un negocio.
¿Si tengo una constructora de
viviendas soy especulador? Parte de su negocio es hacer fincas
residenciales.
¿Si tengo un abasto o un
supermercado soy especulador? Estaría haciendo de la alimentación un
negocio.
¿Si tengo una funeraria soy
especulador? Estaría haciendo de la muerte un negocio.
Según esa mentalidad el casero en
lugar de obtener rentabilidad de su esfuerzo tiene que ser expropiado para
favorecer al que considere que se lo merece todo ¿Eso es igualdad y
justicia?
Si ningún particular pudiese comprar
viviendas para ponerlas en el mercado de alquiler, el gobierno las adjudicaría
por adhesión política lo que implicaría inseguridad jurídica.
Eso es así bajo un comunismo
¿Es eso lo que prefieren estas asociaciones?
¿Si el mercado de alquiler
dependiese solamente de la administración pública sería mejor?
Si fuese así ¿No habría ahora suficiente
oferta pública? En cada campaña electoral los políticos ofrecen soluciones
habitacionales que luego No cumplen. En ausencia de competencia su dejación de
funciones sería peor aún.
¿En ese esquema habría alguna
garantía de que el gobierno No especule?
Por otra parte, ¿Ante cualquier
incidencia en lugar de llamar a la inmobiliaria o al casero llamarías a un
organismo del gobierno para que la atienda? ¿Alguien se cree que la burocracia
del gobierno sería más eficiente y eficaz?
La mayoría de las viviendas
estarían destartaladas por la ineficiencia y la corrupción de las
administraciones públicas.
Un apoyo al mercado
inmobiliario sería que el gobierno bajara los impuestos al casero que remodele
y haga mejoras a la vivienda que alquila.
La falta de competencia en el mercado de inmuebles haría que el descuido se normalice.
Eso sería cierto Si hubiese un
comunismo ¿Es lo que quieren? Se nota la falta de conocimientos acerca de
cómo funciona la sociedad y la actividad económica cuando hay una democracia.
Bajo un sistema democrático se respeta el derecho a la
propiedad privada.
*El
casero aumenta los precios porque puede.
Su intención No es sacarle dinero
al inquilino. Es prestar un servicio que se rige según las leyes del mercado.
Cuando hay poca oferta y mucha demanda los bienes se
encarecen.
Si el gobierno hiciera suficiente
cantidad de viviendas de interés público para cubrir la demanda, los precios
del alquiler bajarían porque al haber más oferta cada piso se abarataría.
El propietario sube el
alquiler cada año porque la inflación sube para todos
Pero ¿De quién depende que se
descontrole la inflación? … Del gobierno, por supuesto.
La reforma más reciente a la ley
de viviendas desprotege al propietario y genera desprotección al inquilino.
La ley exige que se renueve
automáticamente el contrato como mínimo durante 5 años a menos que lo requiera
uno de los dueños o alguno de sus hijos. Durante ese tiempo la inflación
aumenta a un ritmo que el casero no puede repercutir en el monto del alquiler.
Los aumentos anuales deben
regirse por un índice, que se inventó el gobierno actual, distinto a la
inflación cuya esencia sólo la conoce el propio Poder Ejecutivo. Ese índice
obliga a que, independientemente de la inflación, que aprieta a todos, el
incremento sea ínfimo.
Faltan viviendas y sobra mentalidad comunista
Al
desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al arrendatario
Para grandes tenedores, los que
tienen más de 10 propiedades, los aumentos anuales sólo pueden ser como máximo
2%.
Esa medida ha logrado que los
inversionistas se las ingenien para no perder rentabilidad, forzando escasez
para que se encarezca la renta. Lo hacen poniendo, o no, cierta cantidad de
casas en el mercado.
O también puede que destinen sus
propiedades al alquiler turístico con una rentabilidad enorme, desequilibrando
los precios o las vendan y se lleven su dinero fuera del país.
En cualquiera de estos casos,
disminuye la oferta de viviendas en alquiler.
La otra opción que aplican es
dejarlos cerrados con el riesgo de que sean ocupados ilegalmente sin la debida
protección del gobierno.
Sin estas restricciones los precios se regirían según el aumento
o disminución espontáneo de la oferta y la demanda en cada zona según la
competencia por las prestaciones que ofrezca cada inmueble.
*Los caseros vulnerables son sólo
el 0,6% de la población.
¿Quieren decir que algunas minorías si importan y otras
no? Ese porcentaje
respecto al volumen de la población representa aproximadamente 300.000 personas
que, por lo general, trabajaron toda una vida para ahorrar e invertir en algo
que les genere ingresos legales, prestando un servicio básico e invaluable como
lo es la vivienda.
También se suele señalar que son pocos los afectados por
las ocupaciones ilegales (okupas) ¿Es esa, acaso, otra minoría que o
importa?
*Hay que sacar del mercado a los
propietarios que fijan precios abusivos.
Justamente el precio es alto porque muchos arrendadores
han sacado del mercado sus bienes ante la permisividad y protección que ha dado
el gobierno a los okupas e inquiokupas, entre otras razones ya expuestas.
Las ciudades donde se han impuesto
controles a los alquileres, como en Barcelona, son ejemplo de que esa medida no
funciona. La oferta es escasa y costosa
Una de las mayores injusticias es que el propietario invadido
tiene la obligación de pagar los servicios básicos al okupa o inquiokupa.
Además, el gobierno ha limitado la intervención de la policía,
que puede echar a los okupas sin orden judicial, pero se debe constatar
la flagrancia. Es decir, debe haber testigos y pruebas claras que
demuestren que se está realizando una ocupación ilegal. Con esto, No
sólo se requiere la colaboración inmediata de los vecinos, sino que se debe
evitar enfrentamientos directos con los transgresores.
Al
desproteger al propietario indirectamente el gobierno desprotege al
arrendatario
*Las asociaciones
de inquilinos estimaran el monto a pagar, que en la mayoría de los casos han
calculado sería un 50% de lo que pagan. Si no se regulan las rentas inmobiliarias
los inquilinos dejarán de pagar los alquileres que consideren abusivos.
Según este razonamiento los
contratos solo se deben cumplir según lo que el inquilino considere justo. Esto
es romper la seguridad jurídica, aunque haya firmado libremente un contrato ¿Tiene
sentido?
Es decir, las asociaciones de
inquilinos piden justicia aplicando la injusticia más absoluta, que es la decisión
aleatoria de una de las partes, como dice el economista Daniel
La Calle en esta entrevista en Espejo Público.
El artículo 27 de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
establece que el incumplimiento de las obligaciones acordadas en el contrato de
alquiler dará derecho a la resolución de este. Y la principal obligación del
arrendatario es pagar, en el rango de fechas indicado, el monto acordado. También
ampara al inquilino que, ante la falta de cumplimiento de su contraparte, se
apoye en este artículo para dar por terminado el contrato.
*La
rentabilidad de una vivienda la da un inquilino que paga con su esfuerzo la
hipoteca del propietario.
El inquilino No está pagando
la hipoteca del arrendador
ni le está haciendo un favor. Está cumpliendo un contrato, que firmó
libremente, a cambio de un servicio.
Es lo que tiene prestar un
servicio. Se hace para capitalizar un bien. Así es en democracia bajo el capitalismo,
que es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los
medios de producción y en la libertad de mercado. Permite que el capital adquiera
recursos, que se destinen a la producción de bienes y servicios. Fomenta el
intercambio y el crecimiento económico. Además, está demostrado mundialmente
que genera mayor bienestar que el comunismo.
Desde el punto de vista,
resaltado en rojo, el «malvado empleador» está pagando todas las
actividades del empleado ¿Qué proponen? ¿Eliminar la propiedad privada?
¿Además, de no obtener los beneficios
acordes con el mercado, el propietario estaría obligado a acondicionar la
vivienda según el criterio de la asociación de inquilinos?
En conclusión.
Por una parte, se podría pensar
que es admirable que estos jóvenes se organicen para ejercer su derecho a la
protesta. Pero da la impresión de que son movidos y financiados por el gobierno
para eludir su responsabilidad alimentando la pugna entre sectores a los que
les conviene colaborar mutuamente. Esto quedó en evidencia durante la protesta
del pasado 13-10 a la que se presentaron miembros del propio gobierno que no ha
cumplido su labor de construir viviendas de interés social, entre otras cosas.
Ese día, como en otras
ocasiones, el gobierno protestó por la ineficiencia del propio gobierno
Las consignas de la protesta
demuestran la inexperiencia de los jóvenes acerca de las dinámicas de la
sociedad. Son como se dice «Ignorantes de la vida» y la «Ignorancia
es muy atrevida». Bastaría con conocer un poco la ley de oferta-demanda que
determina el precio de los bienes en función de su disponibilidad y el deseo de
compra.
En la gran mayoría de los
casos el casero No es el enemigo. El gobierno está desprotegiendo al
propietario y en esa forma ocasiona que, por temor a perder la vivienda, el arrendador prefiera venderla o
no alquilarla, disminuyendo la oferta y, por lo tanto, indirectamente, el
gobierno está perjudicando y desprotegiendo al que busca vivienda.
¡Así de simple!
La falta de educación financiera
y la satanización del sector productivo a través de todos los medios de
comunicación y entretenimiento incluidas las redes sociales causan este efecto
en personas que No saben crearse un criterio propio. No han cultivado la
habilidad de filtrar, discernir, de acuerdo con la tendencia de la fuente de
información que escucha, qué es válido y modélico de lo que es manipulación.
¡Y así nos va!
Faltan viviendas, hay inflación, desempleo
y el gobierno promueve la mentalidad comunista.
¿Es esto lo que conviene a
España?
21-10-2024
Enlaces recomendados:
Afán intervencionista del gobierno de Pedro Sánchez
Un
año desde las elecciones generales del 23 de julio 2023 en España
CaigaQuienCaiga.net
La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tomó una iniciativa
en ese sentido que quizás no era totalmente eficiente y no se esté aplicando,
pero al menos se podría tomar como referencia.
Ayer, 20-10-2024, otra protesta mal orientada. En
Canarias, que depende del turismo, los manifestantes incordian a los turistas
en las playas ¿Hay “alguien” detrás de esta mentalidad que moviliza a personas
irracionales para destruir la economía de España?
